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JUBILADOS A LA BASURA

Alberto Híjar

Los argumentos de los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Chauyfett y del PAN, José González Morfín sobre la “bomba de tiempo” de los jubilados y pensionados, plantea tres argumentos a cual más de malthusianos, mecánicos y genocidas. El primero es que en 1975 había veinte trabajadores en activo por cada pensionado mientras que en el 2000 son solo 5.2. El segundo es que la esperanza de vida ha crecido de 64 a 75 años en los últimos quince años y el tercero, el número creciente de jubilados y pensionados que, según ellos desborda toda posibilidad de pago en los años próximos. Estos argumentos integran la posición oficial suscrita por las direcciones del IMSS y del ISSSTE, insistentes en la crisis financiera de la que culpan a los exbeneficiarios .

El primer argumento sobre la relación entre trabajadores en activo y los que no, ha llegado hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por una vía indirecta que ha dado lugar a un asombroso punto de acuerdo dirigido a las Secretarías de Hacienda y de Salud sobre los trabajadores irregulares del Instituto Nacional de Cancerología. Alguien inventó llamarlos de incidencias que oculta su formación como nuevo peonaje. Se trata de trabajadores sin plaza y sin derechos laborales que día a día acuden para sustituir enfermos, vacacionistas y accidentados, sin que estas contrataciones temporales les den algún reconocimiento de antigüedad o de servicios sociales. Fuera de todo estado de derecho, los de incidencias ganan algo así como la mitad del salario de quienes sustituyen, situación defendida lo mismo por las autoridades de la salud que alegan falta de presupuesto, que por el charrismo sindical compañero de los patrones, para no crearle más problemas a la Secretaria de Salud.

Las compañeras de incidencias, en femenino porque son mujeres en su mayoría, se han organizado para hacer cumplir un acuerdo tan antiguo como el último trimestre de 2004 para general algunas plazas que las beneficie. Como la Secretaría de Salud jamás cumplió, cerraron la muy transitada calle de San Fernando frente al INCAN, hicieron movilizaciones en la Secretaría de Salud, informaron a toda la prensa que no les publicó nada y al fin, encontraron en el Diputado Rafael García Tinajero del PRD, el interés para promover una mesa de negociación con los trabajadores que no permitieron la presencia de los charros sindicales de la Sección 83 ni del SNTS, con los gobiernos de los estados, la Cámara de Diputados y la Secretaría del ramo. Aquí aparece el problema mayor: desde septiembre de 1996, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, el gobierno federal dejó de entregar las partidas presupuestales necesarias para cubrir los salarios de los trabajadores en los estados, incluyendo el Distrito Federal. Esto ha dado lugar a las contrataciones irregulares, pese a que la antigüedad no menor de siete años de la mayoría del personal de incidencias, debiera ganarles plazas definitivas.

Todo esto obedece a la política laboral característica de la globalización capitalista. Se trata de anular los contratos colectivos de trabajo, las Condiciones Generales de Trabajo y si se puede, todo derecho laboral, a cambio de las contrataciones temporales individualizadas. Eh aquí porque disminuye la relación entre los trabajadores en activo y los pensionados y jubilados. Al nuevo peonaje y al obligado personal de confianza, se les descuenta una cuota quincenal para alguno de los sistemas de seguridad social privados como el Seguro Popular que por cierto, aumenta la carga de trabajo de los hospitales y los centros de salud públicos ante la disminución real del personal, los insumos y las instalaciones. Este sistema que sentencia a muerte los derechos de los trabajadores y reduce a la precariedad extrema los últimos días de vida de jubilados y pensionados, no es un problema demográfico sino es un problema de poder económico-político.

El Día Nacional de la Población, 12 de Julio, abundaron las consideraciones malthusianas para exaltar la capacidad de los estados del primer mundo para controlar el crecimiento de su población. Ni una palabra sobre la desindustrialización y la economía agropecuaria promovida por los estados-nación serviles de los grandes intereses empresariales, para dar lugar a migraciones desesperadas y a concentración de pobres más pobres en centros urbanos para acrecentar eso que los téoricos llaman economía informa para que no se oiga tan feo. Tal parece que la culpa de la agonía de la seguridad social es de quienes se atreven a vivir más allá de los sesenta y cuatro años, atrevimiento altamente irresponsable según puede derivarse de los juicios de los diputados del PRI y del PAN.

Malos servicios médicos, trámites cansados y a veces interminables, vigilancia extrema para despojar de sus derechos a quienes cotizamos obligada y puntualmente cada quincena de nuestros magros sueldos, son las características de un régimen de jubilaciones y pensiones integrado a procesos productivos contra los derechos de los trabajadores. Baste decir que hasta hace 15 años el periodo prejubilatorio de tres meses era suficiente para cubrir los trámites necesarios y empezar a recibir la pensión. Ahora los trámites resultan, en ocasiones obstáculos infranqueables por los filtros monstruosos impuestos por los ingenieros de la administración para obligar a los trabajadores a la renuncia de hecho de toda protección a sus precarias vidas.

Un fantasma recorre el mundo: la condena a muerte de los derechos de los trabajadores y en especial de los atribulados al final de su vida por una economía política que no duda en sacrificarlos en el altar de la ganancia máxima privatizada.

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