Presentación
Caracterización
Temario
Publicaciones
Cultura
Comunicación
Archivo
Enlaces externos
|
LA VIA CONSTITUCIONAL
Alberto Híjar
Hay que aprender de Bolivia donde la vía constitucional es
un gran obstáculo para el poder popular, pese a las grandes
movilizaciones donde han confluido los indígenas de Pachakutik, la
Central Obrera Boliviana y el Movimiento al Socialismo. La vía
constitucional con su consiguiente respeto al parlamento y al poder judicial, ha
resultado punto de enfrentamiento para decidir sobre el poder: si elecciones, si
interinato presidencial, si autonomías manipuladas por empresarios
poderosos, si todo esto o nada. A pesar de todo, un proyecto de
estado-nación crece allá ante los problemas que han evidenciado la
insuficiencia de ser nación sin estado o actuar como si éste no
existiera. La mayoría indígena insiste en el todo o nada, en
tanto, la terca realidad hace del tránsito al socialismo un proceso a
partir de la legalidad burguesa donde los de siempre tendrían que ser
sustituidos por los insurrectos. La representación está en juego y
ya se probó la ilegitimidad burguesa. De los argentinos llega la
experiencia de pasar del ¡que se vayan todos! al regreso de unos cuantos
que poco a poco restituyen a todos los que sólo en apariencia se fueron.
De Brasil llegan las noticias del exdirigente obrero convertido en presidente
neoliberal ante la inoperancia de la izquierda radical. La necesidad de oponer a
esto el constante proceso de unidad, así sea contradictorio, entre la
mayoría indígena, los obreros y los socialistas apoyados por los
trabajadores es al fin la garantía de empezar a quebrar a la boliviana
la globalización avasallante.
De la conciencia del
límite burgués de la vía constitucional defensora de la
propiedad privada y de su actualización con las serviles facilidades para
los grandes consorcios trasnacionales, nace la critica a la
nacionalización de los energéticos y el agua. Va de por medio la
territorialidad que concreta la soberanía: ¿de quién es la
tierra? ¿de los pueblos y comunidades o del estado? De aquí debiera
seguir ¿de quién son las fábricas?, ¿de quién es
el territorio nacional?
En México padecemos las consecuencias
de no discutir a fondo estas preguntas y sus respuestas. En especial, la mal
llamada expropiación petrolera significa la derrota del poder de los
trabajadores organizados contra la explotación extrema de las
trasnacionales, por el estado corporativizado con su partido político y
su central de trabajadores unidos en apariencia por la soberanía
nacional. El resultado es PEMEX, la compañía de luz, la
explotación minera y territorial, todo en proceso continuo de entrega a
los grandes intereses imperiales. La confusión entre soberanía
nacional y soberanía entreguista del estado, le ha funcionado al Imperio
y aún sindicatos contestatarios como el de Electricistas, levantan la
bandera de la soberanía sin advertir que ésta no es del pueblo,
sino de un estado que gobierno a gobierno entrega todo al gran capital y
perjudica y desintegra al pueblo hasta convertirlo en multitud
heterogénea e indiferente a las inexistentes representaciones en el
estado. De todos modos, las reformas constitucionales no impiden las vías
alternas para los contratos, los acuerdos y los tratados antipopulares. En su
vano empeño de autolegalizarse, la burguesía, promueve reformas
constitucionales para legalizar la servil entrega que habrá de prosperar
con la complicidad de los partidos políticos registrados y financiados
por el Estado, mediante las reparticiones del poder. Lo ayudan los mercenarios
como Muñoz Ledo y su minucioso proyecto colectivo de reforma del estado,
mucho mejor constituido que el México para Todos de Cuauhtémoc
Cárdenas. Los demás mal llamados proyectos de nación, ni la
toman en cuenta en su riqueza pluricultural ni intentan nada más que el
enlistamiento de demandas populares obvias o en el peor de los casos, de
slogans publicitarios.
La lección de la gran marcha
zapatista de 2001 debiera se entendida: no ha habido movilización tan
extensa y tan espectacular. El golpe maestro de ganar la palabra en la
Cámara de Diputados in la participación del mando militar del
EZLN, preludió la emergencia organizada de un poder civil comunitario
concretado ahora en Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, pero nada de
esto fue suficiente para hacer cumplir los firmados Acuerdos de San
Andrés. El presidente Zedillo dijo no, pretextó la
desintegración del país y todos, desde perredistas hasta panistas,
priístas y el resto de la fauna partidaria, reconocieron sólo el
derecho a la cultura que es nada sin la tierra y sus productos administrados por
los productores y propietarios históricos. Era demasiado pedir, pero ni
siquiera hubo modo de negociar.
Que ahora convoque la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona a discutir sobre una nueva
constitución resulta impertinente ante los acontecimientos del pasado
inmediato y la insurrección andina y argentina. A menos que, como
decía Lenin luego de descubrir callejones sin salida, la
integración de la nueva izquierda no electorera ni estatista, ni
parlamentaria, logre una fuerza equiparable a la que tira presidentes en
Ecuador, Bolivia y Argentina y de la que se vale el gobierno de Hugo
Chávez para impulsar proyectos bolivarianos antiimperialistas y de
agrupamiento y ayuda a los más débiles como son las
pequeñas Antillas. Sin duda, la mira está puesta en 2010. A ver si
entonces ya estamos en condiciones de hacer valer una constitución
opuesta a la defensa a ultranza de la propiedad privada en beneficio de su
mercantilización imperial. Una nueva soberanía popular del pueblo
en lucha y no de la sociedad civil antojadiza y desmadrosa, crecerá no
sólo en la letra sino en la práctica social. Ojalá y de ser
así, bienvenida la Sexta. |
